El Programa de Blindaje Electoral permitirá la equidad y el desarrollo del proceso electoral más grande que se haya vivido en la historia democática de México, afirmó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.
Durante la firma del Adendum de colaboración de este instrumento, a cargo de los titulares de la PGR, a través de la Fepade, así como de las secretarías de Desarrollo Social y de la Función Pública, Córdova Vianello señaló que con ello, estas instituciones se comprometen a generar sinergias para combatir delitos electorales.
Asimismo, evitar el condicionamiento de la entrega de recursos públicos a cambio del sufragio y desarrollar campañas sobre las responsabilidades administrativas y penales en las que pueden incurrir los servidores públicos que comentan infracciones a la normatividad en la materia y desplegar acciones de vigilancia.
Es un compromiso público de las instituciones firmantes para impedir que los servidores públicos se beneficien electoralmente de su acceso a los recursos del estado y evitar que los programas sociales se conviertan en una fachada para encubrir intereses partidistas o personales, destacó el presidente del INE.
Córdova Vianello resaltó que las reglas del juego democrático establecen roles diferenciados para las autoridades gubernamentales, las instituciones electorales, los partidos y contendientes, así como para organizaciones de la sociedad y la ciudadanía.
El objetivo de este instrumento es garantizar la absoluta imparcialidad en el uso de los recursos públicos durante los comicios que se realizarán este año en toda la República mexicana.
Además, incluye acciones de vigilancia y supervisión encaminadas a que ninguna persona condicione la entrega de recursos y apoyos a cambio del voto, el acompañamiento en el resguardo de inmuebles y parque vehicular los días previos a la jornada electoral, además de capacitación en materia de blindaje electoral y causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos.
Dichas acciones están orientadas a fomentar la cultura de la legalidad, la prevención del delito y el combate a la corrupción.